Atraques y puertos: cuestión de fondo para los navegantes deportivos.

Mientras, hace unos días, ?Juanma? dejaba constancia en nuestro foro de su indignación por la subida de casi el 100% que aplicó el Gobierno de Cantabria a las tasas de atraque en sus pantalanes a los barcos deportivos y de recreo, poniendo el acento en el desorbitado coste que impide el acceso a la náutica de recreo de las clases populares, ahora es Tiago Pérez, de Cangas de Morrazo (Pontevedra), ingeniero naval y conocido navegante oceánico, quien nos ofrece su punto de vista sobre el impacto ambiental que puede conllevar la incontrolada proliferación de puertos deportivos en Galicia.

COMENTARIOS AL INFORME DE EVALUACIÓN AMBIENTAL ESTRATÉGICA DEL PLAN DIRECTOR DE LAS INSTALACIONES NÁUTICO DEPORTIVAS DEPENDIENTES DEL ENTE PÚBLICO PORTOS DE GALICIA
Por Tiago Pérez Gléz-Arís
Representante de A Ría Non se Vende
http://arianonsevende.nireblog.com

INTRODUCCIÓN
Estamos de acuerdo en que un Plan Director tiene que ser la herramienta idónea para definir de forma racional y justificada las necesidades existentes y las mejores soluciones para satisfacer esas necesidades.

OBJETIVOS
Sin embargo, sin discusión previa, ya nos encontramos en la primera definición de objetivos del Plan que el objetivo ineludible es aumentar el número de usuarios de los puertos.
Reclamamos una discusión previa de las necesidades reales y de los impactos y consecuencias sobre el medio natural y otros sectores de indudable importancia económica como puede ser el pesquero-marisquero.
Desde nuestro punto de vista, y debido a los ejemplos cercanos y recientes de inadmisible impacto ambiental de destrucción de playas y destrucción de recursos pesqueros y marisqueros, pensamos que un objetivo básico e irrenunciable de este Plan tiene que ser evitar totalmente cualquier tipo de impacto ambiental negativo, objetivo que pensamos que es totalmente factible y solamente supone un cambio de mentalidad, abandonando la actitud puramente depredadora, inconsciente y destructiva a la que asistimos estos últimos años, y tomando ejemplo de los países punteros del mundo en el sector, como puede ser Francia.
El plan de puertos deportivos propone la privatización de la costa sobre la base de concesiones para amarres de embarcaciones, estimadas, según el informe, en unas 53.000 totales en 2020. Nada se dice de que 2 millones largos de gallegos NO cuentan con adquirir embarcación y que tienen derecho a una costa no privatizada (los puertos conllevan barreras y áreas privatizadas o de usos restringidos a los no usuarios).
Hay soluciones como pudiera ser el fomento del asociacionismo, vía clubes náuticos, con embarcaciones compartidas entre los asociados, de suerte que una misma embarcación dé servicio a varios usuarios, en vez de que cada usuario tenga una embarcación que apenas utiliza a lo largo del año. El crecimiento por el crecimiento provoca destrucción y desigualdades.

ALCANCE Y CONTENIDO DE LA PLANIFICACIÓN
Parece absolutamente pueril el análisis presentado en el informe, en el que, en primer lugar, se hace un recuento superficial del número de puertos, obviando los pertenecientes a Puertos de él Estado, y sin detallar el número de amarres, el número de embarcaciones ni su evolución en los últimos años. Establece como número de embarcaciones 18.964 (en el año 2005) y un número total de amarres de unos 11.500. Discrepamos en este último dato, por cuanto en el informe anual de ADIN, Asociación de Industrias, Comercio y Servicios Náuticos, de octubre de 2006, fuente también citada en el presente informe, le adjudica a Galicia 7.166 amarres.
No es nuestra intención entrar en polémicas, aunque pensamos que Portos de Galicia debería tener y debería mostrarnos los datos exactos puerto por puerto, incluyendo los de los puertos pertenecientes a Puertos del Estado.
El informe nos presenta, de manera absolutamente inexplicada, aunque se refiere a un Capítulo 4 "Estudio de la demanda", una evolución de la flota cercana al 6% anual, haciendo una previsión año por año hasta el 2020 de la flota residente y foránea, de una precisión pasmosa, 32.879 embarcaciones en el 2012 y 52.959 embarcaciones en el 2020, aunque no explica muy claramente como se pasa del dato de 18.964 del 2005 (procedente de la Dirección General de la Marina Mercante) a las 22.030 del 2006 (un incremento del 16,17% según el informe, cuando en la primera cifra se supone que no hay embarcaciones foráneas).
No hace referencia alguna a la estacionalidad y uso real de los amarres.

DESENROLLO DO PLAN
Del estudio comparativo con otros países, se muestra claramente que España tiene la proporción mas alta de amarres por embarcación, 1,33 embarcaciones / amarre en el caso de España y 1,66 en el caso de Galicia, mientras que países de referencia indudable como Francia o Suecia tienen 9 y 13,1. Claramente, en esos países se apuesta por el incremento del número de embarcaciones sin aumentar el número de amarres.
El informe presente da como buena la relación de 1,66 actual y hace el cálculo de los amarres necesarios según crecimiento supuesto de la flota. No hay que ser un mago de las matemáticas para observar que manteniendo el número actual de amarres, la flota podría crecer hasta las 170.976 embarcaciones (cifra cercana al total del Estado) sin llegar a la proporción existente en Francia.
También del mismo cuadro comparativo, vemos una relación de 5,7 amarres por kilómetro de costa en Galicia en la actualidad. En el caso de Francia son solamente 1,3 y en el de Suecia 3,4 , aun teniendo 1.360.000 y 1.200.000 embarcaciones respectivamente.
Parece que nos encontramos con un Plan hecho a la medida de unos intereses privados concretos, podemos ver como asoma claramente el plumero cuando pospone la creación de amarres en seco con el argumento de que "es difícil cambiar los hábitos de la náutica en Galicia a corto plazo y que muchos proyectos presentados y tramitados no plantean la construcción de marinas secas".


EFECTOS AMBIENTALES
Partimos de la innecesariedad de la ampliación del número de amarres, y de la necesidad de ordenar correctamente los existentes y proceder a la recuperación ambiental en los casos en los que actuaciones anteriores produjeron afección sobre el medio natural.
Queremos recalcar la titularidad pública de los espacios sobre los que se construyeron y se proyectan nuevos amarres. La comunidad posee una riqueza natural que no puede ser objeto de compraventa, sobre todo en un tema en el que son frecuentes los impactos ambientales irreversibles. Los intereses privados siempre primarán el beneficio sobre la conservación del medio, que es público, teniendo nuestros representantes políticos el deber de salvaguardarlo y gestionarlo con equidad. La creación de nuevos puestos de amarre o nuevos puertos deportivos conlleva la privatización de terreno público, afectando a importantes ecosistemas y produciendo una degeneración en la riqueza medioambiental gallega que afecta directamente a otros sectores como puede ser el pesquero y marisquero, que mantiene mas de 20.000 empleos directos (fuentes de la Consellería de Pesca) y es responsable de más del 10% del P.I.B. gallego.
Tenemos tristes y cercanas experiencias de impactos calificados como "compatibles" por informes que no pasan de la categoría de justificación o mero trámite y que producen la destrucción irreversible de importantes e insustituibles ecosistemas.
El propio tono de este informe ya augura que "se realizarán estudios", "se minimizarán impactos", "se pondrán las medidas correctoras necesarias", "se preverán medidas", y toda la colección de buenas palabras y buenas intenciones que sirven para engañar a los incautos y que no son más que una manera hipócrita de certificar la destrucción del medio ambiente.
Directamente no son aplicables afirmaciones como las que aparecen diciendo que la afección sobre la pesca volverá a su estado inicial una vez rematada una obra, o que el impacto sobre lo paisaje va a ser "nulo". Pura y evidente palabrería.
Se echa de menos un análisis de características del medio natural gallego, de su problemática, de su fragilidad y de su importancia directa en la economía. No se proponen alternativas ni se valora el pretendido beneficio económico con respeto a lo que se destruye ni lo que pueden representar los denominados "dragados de trasvase" o los posibles efectos destructivos y/o de regeneración de playas afectadas.
No se nombra la contaminación lumínica ni el impacto social o al patrimonio histórico.
La referencia a eliminar zonas de fondeo no controladas que afecten al medio ambiente parece una manera cínica de culpabilizar a usos tradicionales de mínimo impacto para obtener su privatización.
Se echa de menos un análisis del impacto de los puertos y las propias embarcaciones (ocupación de espacios, alteración de corrientes marinas, contaminación química, lumínica y acústica) sobre especies y biotopos marinos de importancia y en peligro, como por ejemplo el Tursiop truncatus, o delfín mular (arroás); el cormorán cristado (Phalacrocorax aristotelis), o los fondos coralinos de maërl, (que precisan de entre 1.000 y 8.000 años para crecer).
Las rías gallegas son unidades biológicas de por sí, que están siendo agredidas continua y progresivamente por diversos factores relacionados con la actividad humana (puertos pesqueros y ampliaciones, rellenos para fines industriales, para paseos y zonas verdes,...) a los que se le añade en los últimos años la proliferación de los puertos deportivos con sus diques, zonas de relleno y puntos de amarre, que en conjunto están a alterar drásticamente la dinámica litoral, provocando la pérdida de arena en las playas y afectando irreversiblemente el medio marino y su fauna, flora y fondos, y por derivación a las actividades humanas dedicadas a su extracción para posterior consumo, convirtiéndose en conjunto en un modelo de desenrollo claramente insostenible para el futuro.
El Plan debería cumplir las recomendaciones presentes en el informe sobre actividades turísticas realizado en el 2003 por la OSPAR Commision (Convención para la protección del ambiente marino del Atlántico NE), como la preservación del borde marítimo y la zona intermareal, la preferencia de no realizar obras de nueva planta, la intervención de los agentes involucrados en la gestión del litoral o el control estricto y no indulgente de las obras que afecten a éste.
Tampoco podemos obviar que detrás de la construcción de muchos de los puertos deportivos, y ejemplos por la costa gallega sobran, subyace ante todo un interés económico especulativo, tanto en la venta y posterior reventa de los puntos de amarre como en la vinculación directa de la infraestructura portuaria con proyectos urbanísticos inmobiliarios en tierra, gestionados en muchos de los casos de manera irregular (apoyados en la ambigüedad de la legislación que regula el dominio público) sino ilícita, y con un enorme impacto ambiental añadido.
Un tema que pensamos que tiene que ser clarificado es la supeditación a este Plan de la planificación de los puertos pertenecientes a Puertos del Estado. Hay que recordar que un puerto deportivo no puede ser declarado de utilidad pública y que según el Estatuto de Autonomía de Galicia, aprobado mediante Ley Orgánica 1/1981, del 6 de abril, en su artículo 27.30 se recoge la competencia exclusiva del Gobierno gallego para dictar normas adicionales, o sea, más restrictivas, de protección al medio y al paisaje. También, según el artículo 2 de la ley 8/2001 de 2 de agosto, cuando los rellenos pudieran afectar la conservación y regeneración de los recursos marinos se requerirá un informe preceptivo y vinculante de la consellería competente en materia de pesca, y eso afecta a cualquier obra de cualquier administración.

CONCLUSIONES
A falta de conocer directamente el Plan, afirmamos que se trata de un plan elaborado a la medida de unos intereses particulares concretos, de beneficios a corto plazo, que significa un importante impacto ambiental asociado a la ya fuerte presión de la actividad humana en el territorio y un paso más en el desmantelamiento de la pesca y el marisqueo en Galicia y en la privatización de la costa. Sus redactores y defensores están favoreciendo intereses personales y pueden ser responsables de la destrucción irreversible del patrimonio natural gallego, de destrucción de empleo en el sector pesquero y marisquero y de la privatización del patrimonio común gallego.
Solicitamos la retirada del presente Plan y la presentación de uno nuevo que cuente con la participación real de la ciudadanía y los sectores involucrados, que tenga potestad sobre el conjunto de los amarres de la costa gallega y analice con seriedad la necesidad de nuevos amarres, la adaptación ambiental o recuperación de los efectos de los existentes actualmente, llegando al desmantelamiento de los que están a resultar perniciosos y que plantee un uso absolutamente público, racional, evolucionado y responsable de nuestro litoral y nuestra riqueza natural y etnográfica.